Convocatoria para el Segundo Encuentro Anarquista de Caracas 2014

Un grupo de anarquistas, queremos consultar a nuestros amigo(a)s, afines y demás compañero(a)s antiautoritarios, la posibilidad de realizar el Segundo Encuentro Anarquista para el primer trimestre de 2014 en la ciudad de Caracas, cuya finalidad es:

• Reencontrar las diferentes individualidades, colectivos e iniciativas de corte antiautoritario que forman parte de la Red Anarquista de Venezuela y conocer a nuevos compañeros que decidan articular propuestas con nosotros.  

• Analizar las diferentes actividades, campañas e iniciativas que se han generado en torno a la Red Anarquista para evaluarlas, replantear y re-impulsarlas. 

• Fortalecer las redes de comunicación, acción y propaganda anarquista.

• Generar un programa mínimo de luchas y conflictos donde los anarquistas podemos participar.

Aquellas personas que estén interesadas en participar en el evento, por favor enviar un correo a la dirección electrónica:  evgenypashukanis@gmail.com, para calcular los comestibles, almuerzos y espacio.

Si deseas hacer alguna ponencia en especial debes enviar la propuesta cuanto antes para incluirte en el cronograma de actividades.
                                                                         
Grupo Organizador.

Desde la tarcoteca todo el apoyo y difusión del que somo capaces. Esperamos algún día lograr ver un congreso! Un salud desde el otro lado del charco.

Salud!

Para más información:
Realizado el Encuentro Anarquista Caracas 2013

Fuente - LA TARCOTECA Contrainfo: Convocatoria para el Segundo Encuentro Anarquista de Caracas 2014

La minga como práctica tradicional de los pueblos indígenas, es un espacio de encuentro, relacionamiento, conocimiento y fortalecimiento de la unidad, esta práctica la realizan regularmente las comunidades indígenas orientadas desde los mayores, quienes tradicionalmente realizaban mingas para la adelanta diferentes acciones y actividades familiares, comunitarias y organizativas.

Los días 19 y 20 de septiembre la comunidad de la vereda la Susana del resguardo de Tacueyò municipio de Toribio, convocó a una minga comunitaria con el propósito de realizar excavaciones para la instalación de un acueducto veredal destinado a proveer agua a las familias de la vereda la Susana. La vereda la Susana del resguardo de Tacueyò, es también llamada “la cuna del CRIC”: Ya que  fue en este territorio luego de ser recuperado por los comuneros y líderes de esa época, donde en febrero de 1.971 se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, como proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas del Cauca, el CRIC también surge en respuesta a la persecución, represión y desconocimiento de  los derechos territoriales y organizativos de las comunidades indígenas del Cauca.

En la minga comunitaria participaron mujeres, mayores, niños y jóvenes quienes se distribuyeron las tareas a realizar como la preparación del almuerzo, la repartición del guarapo de caña a los mingueros, la excavación para colocar el tubo y la distribución de los tubos en el sendero por donde se trazó el tramo del acueducto, aproximadamente 400 comuneras y comuneros de las veredas la julia, la capilla, el trapiche y la Susana del resguardo de Tacueyo participaron activamente del trabajo comunitario. Estas comunidades se juntaron para sacar adelante un propósito de beneficio común como es la construcción del acueducto veredal, también participaron en la minga comunitaria el alcalde municipal de Toribio junto a sus funcionarios en cumplimiento a la propuesta planteada en el plan de desarrollo comunitario del municipio, denominado gobierno municipal a la comunidad; el gobernador del cabildo indígena de Tacueyo y algunos integrantes del proyecto Nasa también hicieron presencia en la minga comunitaria.

Para las familias de la vereda la Susana la construcción del acueducto es una necesidad y un sueño, pues el agua de los territorios se está escaseando y al mismo tiempo este valioso recursos está en riesgo de ser mercantilizada por las multinacionales que manejan el negocio económico del agua. El agua es para beneficio de todos por eso desde la vereda la julia, le cedimos la boca toma a los vecinos de la Susana para que tomen el agua desde nuestra comunidad y también salimos a participar del trabajo comunitario. Manifestó un comunero de la vereda la Julia. En la vereda la Susana se puede observar un agradable paisaje cultivado de café, plátano, mora, hortalizas y una extensión representativa de ganadería.

En esta comunidad mantenemos práctico el principio de la unidad a través de la minga comunitaria, así como los mayores y mayoras de estas comunidades se juntaban en minga para recuperar estas tierras que ahora disfrutamos y  conformaron el CRIC, también nosotros nos juntamos para sacar adelante trabajos, iniciativas y proyectos de beneficio colectivo. Para conseguir los recursos y los materiales necesarios para el acueducto hemos hecho minga entre la alcaldía municipal, el cabildo y la comunidad, así es como se fortalece la esperanza de un pueblo que resiste. Afirmo Omaira Taquinas presidenta de la vereda la Susana. No podemos perder el sentido de ser comunidad y trabajar como si fuéramos uno solo, para lograr los propósitos colectivos. El trabajo en unidad se hace con la familia, en la tierra y también en la organización sin olvidar las razones que tuvieron los mayores para luchar. Puntualizo Omaira Taquinas.

Al final de la jornada el alcalde municipal de Toribio, se reunió con la comunidad para conversar sobre el trabajo realizado, los encargados de las diferentes dependencias de la alcaldía, presentaron un informe general de trabajo a los comuneros presentes, de igual manera el alcalde comento las actividades y la gestión realizada desde la administración municipal. La comunidad agradeció el acompañamiento y el apoyo de la alcaldía, el cabildo y demás participantes a la minga. Como es costumbre ancestral en la minga, con  una buena ronda de guarapo de caña y la quema de cohetones, se dio por finalizada la jornada de trabajo comunitario de este día en la Susana Tacueyo.

1 – Que dentro del proceso de recuperación y rearticulación de nuestro Lof Külche Mapu, que comprende los límites Puente Piedra, Txalkan Cerro Kuchal Pikun Mapu, Malalkawellu, Puel Mapu, Estero Tringl, Lafken Mapu, Estero Chilko, río Lewfucade, Willi mapu; hoy hemos ingresado a otra parte de nuestro territorio usurpado (fundo Rukawe), siendo éste el lugar donde vivía gran parte de nuestras familias: ahí están nuestros principales sitios sagrados, tales como paliwe y el cerro Rukaklen, de gran importancia espiritual por el antiguo cementerio espacio ceremonial que se encuentran ahí.

Estas tierras fueron usurpadas por Adolfo Stegmayer a fines de 1800, en complicidad con el estadochileno, despojando y arrinconando a nuestras familias en las tierras más difíciles de cultivar y quedándose él con las tierras más fértiles (pampas y praderas), usando métodos que van desde el engaño a la violencia: corridas de cercos, quemas de ruka y sembrado, tortura y criminalización de nuestra gente como fue el caso de Antilef Compayante.

Estas tierras están actualmente en mano de Jesús Vialasante, siendo el tercer ocupante ilegal de nuestras tierras. Cabe mencionar que además de comprar tierras robadas, llegó él mismo a usurpar más tierras recurriendo al famoso arriendo por 99 años.

Hoy en día, la administración está a cargo del yerno José Manuel Barro y del hijo José Luis Vialasante que perpetúan la tradición fascista de agresión y amedrentamiento a nuestras familias, hiriendo a sus animales con perros, armas blancas y armas de fuego.

2 – Aclaramos que este primer ingreso es sólo el inicio de un conflicto y lucha que daremos hasta recuperar nuestro territorio. Reafirmamos que la recuperación la llevaremos a cabo sólo por medio del control territorial y rechazamos todo arreglo con el sistema wingka, como programas gubernamentales que desperfilan nuestras justas demandas como pueblo.

3 – Queremos mencionar también que por medio de la CONAF, Forestal Valdivia se acercó a varias organizaciones jurídicas presentes en el lof, para proponer migajas por medio de programas humanitarios, con el fin de dividirnos y debilitar el conflicto comprando la opinión de la gente y lograr la renovación de su imagen mediática a nivel internacional, con el propósito de llevar a cabo la cosecha de pinos este año en Külche.

Reiteramos que no permitiremos el atropello a nuestra Ñuke mapu, porque el método de cosecha de estas empresas tiene como consecuencia arrasar con todo el rebrote del bosque nativo y la capa fértil de la tierra, significando la muerte de ésta.

4 – Para terminar, denunciamos el inicio de la criminalización de nuestra lucha, con tres citaciones a declarar de nuestros lamgen y peñi de Lilkoko sobre el delito de usurpación en nuestro territorio ocupado por Forestal Valdivia. Es obvio que el aparato judicial chileno empezó su sucia maquinaria para presionar a los hermanos y hermanas que nos apoyan y tratar de sacar de ello algún provecho en contra de nosotros.

Newen peñi, newen lamgen. No podemos dejarnos engañar por el sistema judicial chileno! Somos un solo pueblo con un gran territorio!

LOF KÜLCHE CON TERRITORIO ANCESTRAL Y SIN FORESTAL.

LA AUTONOMÍA NO SE PIDE, SE EJERCE.

FUERA LA INVERSIÓN CAPITALISTA DEL TERRITORIO MAPUCHE.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE.

MARICHIWEU.

El Parque Nacional Yasuní es una magnifica porción de Amazonía en el noroeste de Ecuador. El parque representa el segundo lugar al mundo por biodiversidad y es hogar de algunos pueblos indígenas. La riqueza del Yasuní abarca también su subsuelo: en la zona “intangible” del parque, llamada ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), se encuentran el 20 por ciento de las reservas petroleras del país.

Al final de junio el presidente ecuatoriano Rafael Correa evaluará la continuidad de la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT. “La lógica de la Iniciativa es que a cambio de que Ecuador deje el petróleo presente en el subsuelo del Parque Yasuní, la comunidad internacional - sean personas individuales, países o colectivos – contribuya con dinero”, explica Osvaldo León, coordinador de la ecuatoriana Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). “El gobierno dice: no explotamos pero necesitamos dinero para los programas de desarrollo. La iniciativa fue acogida muy bien sobre todo en Europa, pero a causa de la crisis económica muchos se han echado para atrás”.

La propuesta fue lanzada por el gobierno ecuatoriano en marzo 2007 y pretende mantener en el subsuelo del Yasuní unas reservas de 846 millones de barriles de petróleo presentes en el campo ITT. A cambio, Ecuador pide a la comunidad internacional al menos 3,600 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que percibiría si optara por la explotación petrolera. Sin embargo, en el mismo mes de marzo del 2007, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las empresas Petrobras de Brasil, Sinopec de China y Enap de Chile sobre la posible explotación del ITT. De hecho, el proyecto contempla también la “opción B”, que prevé la explotación del campo ITT en el caso en que la Iniciativa no alcance el monto de dinero establecido. “Va a ser una decisión difícil para el gobierno, puesto que la iniciativa ha logrado una acogida muy grande en la población ecuatoriana. En términos de imagen, va a ser complicado decidir por la explotación del Yasuní”, observa Osvaldo León de ALAI. En realidad, adentro del Yasuní sólo la zona ITT queda aún virgen. Desde 2012, Petroamazonas ha empezado a trabajar en el Bloque 31, un área de 200.000 hectáreas que por el 80 por ciento pertenece al parque. Además, en el Yasuní se encuentra el Bloque 16, donde la Repsol extrae unos 45.000 barriles diarios, el Bloque Tigüino de la compaña PetroBell y los bloques 14 y 17, a cargo de la empresa china Petroriental, que colindan con el ITT.

La presión de las empresas que están explotando al Yasuní son la causa principal del conflicto que desde 2003 está sangrando al parque. Desde que la compañas petroleras están operando adentro del parque, los pueblos indígenas están siendo empujados hacia nuevos territorios a causa de la contaminación y del ruido, que los dificultan en la caza y en la pesca. Además, mientras algunos pueblos waoranis como los taromenane y tagaeri decidieron vivir en aislamiento voluntario como forma extrema de resistencia para preservar su propia cultura, otros waoranis aceptaron la presencia de las transnacionales petroleras. Según Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, una parte de ellos respalda los intereses de las compañas hasta realizar convenios de colaboración, y algunos jefes se vendieron.
El pasado 5 de marzo un grupo de taromenanes traspasaron a una pareja de waoranis con sus lanchas. Después de unas semanas, un grupo de waoranis armados con lanchas y rifles – según el periódico digital El Sol de Pando proporcionados por las mismas empresas – incendiaron y dispararon en contra de una cabaña de taromenanes. Treinta personas murieron en el rogo y dos niñas fueron raptadas. El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, estudioso de los pueblos indígenas del Yasuní, denuncia que el gobierno es el responsable de las “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, establecidas en abril del 2007. Además, tendría que respetar el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que afirma: “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”.

En esta situación de tensión, Correa irá a evaluar la iniciativa. Al final de abril, la jefa de la Comisión Negociadora para el Yasuní-ITT, Ivonne Baki, ha declarado que la Iniciativa ha recaudado el 9 por ciento del monto total, puesto que el gobierno llegó a 336 millones de dólares (no se sabe si se los tiene efectivamente o sólo a nivel de compromiso) y el objetivo es obtener 3.600 millones de dólares en 12 años. “Se logrará la meta propuesta si en los próximos 12 años se recauda entre 250 millones y 290 millones de dólares por año”, ha declarado Ivonne Baki. Desafortunadamente, será difícil que la iniciativa alcance tanto éxito en un momento de crisis tan fuerte.

“Creo que al final el Yasuní se explotará porque, con el argumento que no podemos seguir siendo pobres encima de un saco de oro, la política petrolera del gobierno va en esta dirección”, denuncia Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Para recaudar lo fondos que el gobierno quiere para no explotar el ITT hay otras alternativas. Por ejemplo, aplicando una tecnología mejorada podrían sacar más petróleo de los campos que ya existen y que están bajando su producción. Otra forma para encontrar dinero podría ser dejar de subsidiar los combustibles a la grandes empresas. Además, según nosotros la conservación tendría que ser una política de estado, sin condiciones”.

Tras esta espiral de venganzas y matanzas entre clanes se esconden múltiples intereses sobre las selvas. Nos sumamos a un grupo de antropólogos ecuatorianos para pedir la inmediata actuación de las autoridades.

Puedes informarte y sumarte a la protesta desde el enlace con tu firma, y como siempre ayudar a difundir ampliamente en todas las redes sociales a tu alcance.

Los tageri y taromenani viven aislados en la selva por decisión propia. Pero para el mundo 'civilizado', de 'progreso' y 'crecimiento económico' es más cómodo integrarles que respetar y defender su decisión. Así están cada vez más cerca del exterminio definitivo.

Expansión petrolera limita, contamina y acorrala a los pueblos en aislamiento voluntario

Las muertes tuvieron lugar en el bloque petrolero 16 operado por la española REPSOL. Y el gobierno ecuatoriano sigue expandiendo la frontera petrolera en la Amazonía hacia el suroriente ofreciendo 21 bloques petroleros con la operación comercial llamada XI Ronda Petrolera (3 mill. de has de selvas) a empresas transnacionales.

Responsabilidad del Estado ecuatoriano

El Estado debe precautelar la vida y derechos de los pueblos aislados. Existen medidas cautelares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde 2006. La Fiscalía General del Estado investiga las muertes, aunque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el que se asienta el Plan de Medidas Cautelares calla o a lo más, trata los graves acontecimientos como simples “rumores”.

El Estado debe investigar y sancionar los hechos y omisiones e implementar una Política para Pueblos Aislados que respete su vida, aislamiento voluntario y detenga las amenazas que los vulneran: expansión petrolera, extracción forestal, construcción de vías, colonización, entre otras.

Integrantes de la Red de Antropólogos del Ecuador piden firmas de apoyo a su carta, que reúne varios de estos planteamientos en torno al tema. Temen más muertes si el Estado no actúa de forma decidida, contundente y eficaz. Los hombres, mujeres, ancianos y niños de los pueblos aislados necesitan solidaridad desde todos los rincones del mundo.

Texto de la firma:

Por la presente, respaldo las peticiones de los antropólogas/os y comunidad comprometidas con la Problemática de los Pueblos Aislados que hacen las siguientes recomendaciones al Estado Ecuatoriano:

1. Propiciar una investigación integral desde la Fiscalía General del Estado que de cuenta de las muertes ocurridas en los años 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2013, iniciando en una primera etapa por esclarecer lo sucedido en los recientes episodios. Este proceso debería efectuarse con el fin de recabar a profundidad testimonios, evidencias y datos de contexto (peritaje antropológico de carácter diacrónico).

2. Considerar en el juzgamiento y reparación de los hechos, el marco del pluralismo jurídico reconocido por la Constitución (Artículo 171) y abordar el caso tomando en cuenta la condición de reciente contacto de los posibles actores de la matanza (waorani del bloque 16). Para ello, recomendamos a la Fiscalía General del Estado la realización de un peritaje que establezca cuáles fueron las motivaciones internas para tales acciones, qué aspectos de carácter socio-cultural pueden haber motivado las incursiones en una maloca taromenani; profundizar en la concepción de muerte y venganza waorani y también qué otros actores o aspectos de incidencia externa pudieron estar involucrados. A la vez determinar cuáles fueron las acciones u omisiones de parte del Ministerio de Justicia (PMC) con respecto a la prevención del conflicto suscitado.

3. Avanzar en la construcción de una normativa secundaria que operativice la garantía de derechos para los pueblos aislados establecidos en la Constitución de 2008, y crear una institucionalidad de alto nivel a cargo del tema, como una Secretaría adscrita a la Presidencia, con competencias y experticias definidas.

4. Revisar los alcances del Plan de Medidas Cautelares implementado por el Estado desde el 2008 al 2013; y evaluar su nivel de efectividad en precautelar la vida y derechos de los pueblos aislados (Tageiri, Taromenani y otros grupos).

5. Identificar y evaluar hasta qué punto han sido adoptadas desde el Estado y las instancias competentes, las Directrices de Protección para Pueblos Aislados establecidas por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para implementar los correctivos necesarios.

6. Construir una Política pública para Pueblos Aislados en el Ecuador, publicarla en el Registro Oficial para su debida institucionalización, e implementarla con los debidos recursos que permita su sostenibilidad. A la vez avanzar en diálogos con el Estado Peruano para consensuar medidas de protección binacionales; y en intercambios con países de la Cuenca Amazónica y Chaco que permitan construir estrategias regionales que precautelen la vida y derechos de los pueblos aislados.

7. Garantizar la territorialidad compartida de los pueblos aislados y los waorani y su intangibilidad para que se garantice el derecho a la vida y a la autodeterminación de los grupos Tageiri-Taromenani o o Ñanewenani; que contemple los patrones de movilidad de los pueblos aislados, que conforme las evidencias (del Plan de Medidas Cautelares, y estudios existentes) va más allá de la actual zona intangible establecida mediante Decreto Ejecutivo 552, en el Parque Nacional Yasuní, y delimitada en el 2007.

8. Establecer mecanismos de monitoreo y prevención de conflictos dentro del Plan de Medidas Cautelares, así como la plena implementación de protocolos desde varios Ministerios (de Recursos Naturales no Renovables, Justicia, Salud u otros) en relación a las áreas contiguas a la zona intangible y otras áreas con probada muestra de presencia de residencia y movilidad de grupos aislados; así como revisar el cumplimiento de protocolos de empresas petroleras que laboran en bloques concesionados en el Yasuní (bloques 14, 17, 31 y otros).

9. Repensar las políticas de desarrollo extractivo vinculadas a la explotación de hidrocarburos, así como las políticas públicas de construcción de ejes viales en el Yasuní considerando la alta vulnerabilidad de los pueblos aislados, así como de los waorani como pueblo indígena de reciente contacto.

10. Implementar un control efectivo de la extracción forestal legal e ilegal, colonización, turismo no controlado, entre otras actividades legales e ilegales en zonas de alta vulnerabilidad y con presencia de pueblos de reciente contacto y pueblos aislados o no contactados.

11. Revisar la operación de pozos petroleros: lo que signifique suspender sus actividades o emprender una retirada paulatina en las zonas con probada existencia de pueblos aislados en los campos Armadillo (campo marginal), campos Apaika y Nenke (bloque 31), campo Yampuna (bloque 14) e Iro (bloque 16) a fin de precautelar su vida, sus dinámicas de movilidad y uso tradicional del territorio, así como su acceso a los recursos naturales básicos para su supervivencia y disminuir la presión con problemas como ruido y contaminación.

12. Declarar la moratoria para concesiones nuevas en el Yasuní, enmarcadas en la XI Ronda Petrolera (bloque 22), que afectan al territorio waorani e indirectamente a los pueblos aislados; el sector sur del bloque Tigüino (bloque 17) zona con alta presencia de pueblos aislados y donde ha sido efectuado ya un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a la espera de licenciamiento. Así mismo declarar la moratoria en los bloques 83, 84 y 87 que colindan con la Zona Intangible en el sector del río Curaray para evitar la presión sobre los pueblos aislados.

13. Identificar la existencia de sobrevuelos sobre zona intangible en meses previos a marzo del 2013, así como monitorear futuros sobrevuelos de helicópteros y/o avionetas en la zona intangible y en toda la territorialidad de los pueblos aislados para evitar el ingreso de actores externos, y el que se arrojen alimentos, sustancias u otros artículos que pudieran ser nocivos a la salud y la vida de los pueblos aislados.

14. Solicitar al Estado Ecuatoriano instaure una Mesa Plurinacional e Interinstitucional sobre la temática de Pueblos Aislados, con la presencia de organizaciones indígenas (CONAIE, CONFENIAE, NAWE, AMWAE y ONWO, observatorios de Derechos Humanos, misiones religiosas, organizaciones ecologistas y representantes de la academia, con participación de instituciones gubernamentales como (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Ambiente, SENPLADES, Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Salud), además de instancias como la Defensoría del Pueblo, tal como lo recomiendan las Directrices de Protección y las últimas recomendaciones de la CIDH referidas a los acontecimientos en mención.

15. Identificar y rechazar cualquier intento de contacto forzado con los Tageiri, Taromenani y otros grupos, por parte de cualquier institución o entidad misional con historial de contacto y asimilación forzada de Pueblos Aislados contraviniendo su derecho a la autodeterminación.

16. Cabe recalcar finalmente, que es el Estado el principal responsable de precautelar la vida de los pueblos aislados, garantizar su existencia futura, su libre determinación, por lo que cualquier omisión podrá ser catalogada como Etnocidio.

La Asociación Campesina del Catatumbo- Ascamcat, se solidariza con las comunidades campesinas de las Mercedes y Luis Vero del Municipio de Sardinata, Norte de Santander, que desde el pasado domingo 26 de mayo decidieron levantarse en una voz de protesta por el anuncio y el hecho que el gobierno autorizo la erradicación manual forzada y no concertada de los cultivos de uso ilícito “coca”, donde hasta la presente no se han generado propuestas reales de sustitución gradual de los mismos.

Esta constante se viene presentando en las últimas semanas en la región del Catatumbo, el hecho mas reciente ocurrió en el vereda Miramontes, sitio conocido como casa de Tabla, municipio de Tibú donde alrededor de 500 campesinos se levantaron en una voz de protesta por la erradicación manual forzada no concertada de los cultivos, donde la fuerza pública se atrevió a dispararle a los campesinos, lo que ocasionó la herida de 2 campesinos, que el mismo ejército en una carta firmada por el mayor fue aceptado el lamentable hecho lo que generó que la erradicación parara su curso en esa zona de Tibú.

El gobierno solo se ha centrado en pensar como se erradica manualmente de manera inconsulta y como se acaban los cultivos por la fuerza, pero no se ha puesto a pensar como se podrían sustituir gradualmente los cultivos, generando propuestas alternativas de producción agrícolas que les pueda beneficiar y ayudar a las familias campesinas que dependen de los cultivos de coca.

Por esta misma razón en abril del año 2009 comunidades campesinas de los municipios de Tibu, Tarra, Teorama, San Calixto, Hacari, Convención y El Carmen conformamos el Campamento de Refugio Humanitario “Por la Vida, La Dignidad, La Tenencia de la Tierra y la Permanencia en el Territorio”, ubicado en la vereda Caño Tomas, Corregimiento Frontera, Municipio de Teorama, en el cual permanecimos 16 meses donde se le exigió al gobierno Nacional, Departamental y Local en primer momento la presencia de las diferentes autoridades civiles como Gobernador, Alcaldes, Concejales, Vicepresidencia de la República oficina de DD.HH, Incoder, PPN, Defensoría del Pueblo, Procuraduría etc., para hablar de la Crisis Humanitaria y la Violación de los DD.HH – DIH, Tierra y el Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Economía Campesina – Cultivos de usos Ilícitos, pero este diálogo decidieron las comunidades campesinas no entablarlo en las oficinas con 3 delegados, sino que se diera en el Campamento de Refugio Humanitario donde se abriera un dialogo franco y abierto frente a las diferentes problemáticas que se venían dando en la región.

una de las propuestas que hicieron los campesinos en el marco de la MESA DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO – MÍA referente al tema de los cultivos de usos ilícitos fueron: 7 Criterios en el marco de un proyecto piloto de sustitución gradual de los cultivos, los cuales fueron presentados a Acción Social y al Gobierno Nacional- Departamental.

1. El programa de sustitución de cultivos de uso ilícito debe fundamentarse en reconocer que el accionar criminal de dicha actividad está en la transformación del cultivo y su comercialización; por lo tanto, debe entenderse que los sujetos y comunidades involucradas en el cultivo de la coca, no son delincuentes ni narcotraficantes, sino campesinos dedicados a trabajar la tierra, que son ciudadanos a quienes se les debe garantizar y proteger sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y, procurar, por su condición de vulnerabilidad, el goce efectivo de sus derechos. Víctimas del gran capital multinacional y trasnacional.

2. Debemos construir un modelo, una propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito, de manera participativa, que sea aplicado experimentalmente en una comunidad, a manera de proyecto piloto, para que éste pueda ser ajustado y se haga una evaluación de sus impactos, antes de ser extendido a las demás comunidades de la región del Catatumbo. Se debe identificar las zonas, las familias e intentar sustituir está práctica para recuperar la estructura campesina.

3. El proyecto piloto, debe contar con el apoyo, asesoría, monitoreo y veeduría de la comunidad internacional y de instituciones y organizaciones de carácter nacional que conciban los cultivos de uso ilícito como una problemática social, resultado del abandono estatal y del conflicto armado en la región, y no como una estructura delictiva. Por lo tanto, las organizaciones e instituciones que acompañen estos programas deben ser estructuras civiles y no militares, ni policiales, para cambiar el enfoque que hasta ahora se le ha dado a los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito, los cuales, claramente tienen un carácter de persecución delictiva y no, de manejo social. Entonces en dicho proyecto no debe haber presencia de ninguna fuerza militar ni policial por el carácter social que este lleva implícito.

4. El modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito debe ser gradual. Esta gradualidad debe entenderse en distintos ámbitos: el regional, el comunitario y el familiar, en donde se conciba que se requieren años para la total sustitución, porque debe hacerse progresivamente y acompañados de la siembra o producción de cultivos que genere ingresos económicos que permitan la manutención familiar y la supervivencia de la comunidad.

5. Debe garantizarse a la comunidad que se somete al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el acceso, la gratuidad, la permanencia y la calidad a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y al saneamiento básico. Debe incorporarse subsidios (por un periodo de dos años) para acompañar el proceso de transición y evitar que estas familias pierdan su calidad de vida; por el contrario el programa debe desarrollarse procurando condiciones de vida digna erradicando las razones sociales y las condiciones de pobreza, por las cuales el cultivo de la mata de coca, es una opción de supervivencia.

6. El modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito, debe fundamentarse en el desarrollo de proyectos productivos, concertados con las comunidades y orientados a garantizar la soberanía alimentaria, a favorecer el ejercicio de su autonomía y a retornar a la economía campesina de la región, con un sistema de mercadeo justo.

7. Que se suspenda por parte del estado, las acciones catalogadas como delictivas, y al contrario, a los individuos y comunidades involucradas en el programa piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, garantizarles sus derechos civiles y políticos y hacer una distinción favorable. Considerando, que puede arrojar mejores resultados un acompañamiento social y no la persecución delictiva de esta actividad.

La respuesta de Acción Social, hasta el momento ha sido mantener los proyectos ya establecidos por el gobierno como familias guarda bosques, familias en acción, el programa RESA, Plan de Consolidación, etc., sin escuchar las propuestas dadas por el campesinado.

Por eso hoy le enviamos un mensaje solidario a las comunidades campesinas recogidas en las Mercedes y Luís Vero, quienes valerosamente y legítimamente están reclamando su derecho a una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda y que le piden al gobierno nacional y departamental sean escuchadas sus peticiones.

La Asociación Campesina del Catatumbo le hace un llamado al gobierno que se cambie las políticas de erradicación manual forzada y las fumigaciones aéreas, ya que eso implica actuar por encima de las necesidades de las comunidades afectadas, sin que se generen verdaderas soluciones y alternativas, es por eso que hoy aprovechamos para recordarle una de las propuestas que salieron en el marco de las Mesa de Interlocución y Acuerdo, para que sean tomadas en cuenta y que busquemos la mejor salida de manera concertada con las comunidades y no por la fuerza.

Tribus de la Amazonia ecuatoriana entraron en guerradentro el Parque Nacional de Yasuní, donde empresasmadereras y petroleras intentan ocupar el territorioindígena protegido. La matanza mutua en que estánenfrascadas parcialidades de la nación Huaorani, la más numerosa del Parque Yusaní, contra elgrupo nómada y no contactado de los Taromenane, está poniendo en apuros a la justicia ordinariadel Estado ecuatoriano ya que la “confesión” reciente del indígena huaorani Orengo Tocari dehaber encabezado el último ataque mortal contra los taromenane en represalia por unaemboscada acaecida en marzo, pone al Gobierno ecuatoriano en la disyuntiva de penalizar lasmuertes enjuiciando a sus autores confesos o admitirlas como actos legítimos de una guerradeclarada en el territorio indígena amazónico, tal como sucedía en siglos pasados…

Los últimos indígenas no contactados de laAmazonia ecuatoriana son objeto de unacruel estrategia etnocida.

Orengo Tocari, indígena huaorani, aseguró en un programa de televisión que organizó y ejecutó la mantanza de cinco miembros delpueblo no contactado Taromenane, etnia conocida también como Tagaeris, el 29 demarzo pasado, según informó el domingo elEl Comercio de Quito.

El periódico ecuatoriano da cuenta queTocari reveló supuestos detalles de cómo tomó, junto a sus primos, 17 lanzas, se internó en la selva en dos expediciones hasta dar con el paradero de un grupotaromenane, para, finalmente, lancearlos.

El propósito del crimen habría sido -explicóTocari- vengar la muerte de su tío, el guerrerohuaorani Ompore Omeway, de 70 años, y Buganey Caiga, de 64, ocurrida el pasado 5de marzo. “Porque murió mi tío, nosotros quedamos un rato con la pena. En nuestra cultura nosotros tenemos que hacer enfrentamiento con los taromenane”, dijoTocari.

“Yo ordenaba a mis primos: ¡Nosotros no somos mujeres, somos hombres, nuestra nacionalidad eshuaorani, todavía tenemos la cultura! Entonces cogimos como 17 lanzas de mis tíos finados, hicimos llevando a la selva (y las llevamos a la selva)”.

El indígena aseguró que con sus parientes estuvieron nueve días buscando las huellas del clan rival hasta que “llegamos a la casa, escuchamos la voz de ellos… entonces nos alcanzamos en enfrentamiento con las lanzas”.

Este hecho –dijo Tocari- habría sucedido cerca del río Tiguacuno, en la zona protegida del Yasuní, en Orellana.

Tocari reveló que en el enfrentamiento cinco personas murieron, uno era un joven y que además fue él y sus parientes los que raptaron a las dos niñas taromenane de su entorno. Además, narró que otros 20 miembros del grupo contrario no intentaron defenderse, sino que corrieron.

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No hay investigación oficial

Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador, desmintió que hayan sidocinco las víctimas mortales. Dijo, en el mismo programa de televisión, que al menos se asesinó a 30 indígenas. En entrevista con El Comercio de Quito, el 5 de abril pasado, Cawetipe confirmó queentre las víctimas se encontrarían niños, adolescentes, adultos y ancianos.

Según Yeti, hay fotografías y videos de la matanza en la que no solo se habría empleado lanzas, sino también armas de fuego. Señaló que a los miembros de Yarentaro, cantón Aguarico, unacomunidad huaorani, le pertenecería la autoría del ataque. Tocari, por otro lado, dijo en televisiónque también tiene fotografías que confirman su versión.

Mientras, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía han señalado que hasta el momento no han logrado encontrar los cadáveres ni probar la veracidad del derrame de sangre entre pueblos amazónicos. La investigación oficial es lenta y muy poco esclarecedora.

Marzo sangriento en la amazonia indígena

Los indígenas Huaorani que entraron en contacto con la “civilización”, son habitualmente muy pacíficos.

El 5 de marzo pasado, cerca del caseríode Yarentaro (en la provincia amazónicade Orellana, este), un jefe de la etniaHuaorani y su mujer murieron atacados presuntamente por los Taromenanellamados también Tagaeri o “patas coloradas”, uno de los dos pueblos nocontactados que habitan en la Amazonía y cuyas poblaciones sumarían apenas unas 200 personas.

El ataque del 5 de marzo  ocurrió en unazona conocida como Awemodo ubicada a más de una hora y media del pobladode Yademtado en Orellana.  En el lugar vivían los esposos Onehuay de 55 añosde edad. El esposo habría recibido cercade ocho lanzas.  Su esposa habría recibido  tres lanzas y fue encontrada aún con vida pero falleció durante eltraslado al poblado de Yademtado.

En represalia, los Huaorani (con 2.300 habitantes) sostienen haber atacado alos Taromenane o Tagaeris el 29 de marzo pasado, en un episodio que se adjudicó hace pocas horas eljefe guerrero huaorani Orengo Tokari, quien habla de cinco muertos mientras otras versiones insisten en 30 víctimas.

La matanza del 29 de marzo por parte de los huaoranis, en represalia al ataque sufrido por parte de lostaromanenes el 5 de marzo de este mismo año, incluyó el secuestro de dos niñas  taromenane, según la Fiscalía, de 5 y 8 años, que permanecen al cuidado de una familia huaorani en la comunidad Yarentaro, en Aguarico, Orellana.

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Guerreros en acción

Estas rivalidades inter-étnicas son ancestrales, así como la violencia natural de algunas parcialidades en aislamiento voluntario dentro el bosque amazónico, como parte de su resistencia contra la invasión deextraños en su territorio que data desde los tiempos del auge del caucho a fines del siglo XIX y mitadesdel siglo XX.

Son comunes historias en todo el territorio amazónico que atraviesa siete países sudamericanos, decolonos madereros o exploradores mineros o petroleros heridos con lanzas y flechas disparados furtivamente por las tribus invadidas.

Como sucedía entre los siglos XVII, XVIII y XIX con misioneros que perdieron la vida intentando evangelizar y vestir con ropa occidental a los pueblos no contactados, en 1987 el sacerdote Alejandro Labaca y la hermana Inés Arango fueron “lanceados” por taromananes que se resistían a la evangelización de su tribu dentro el actual Parque Nacional Yasuní.

En esa misma época en la Amazonia del Chapare, en Cochabamba, Bolivia, un sacerdote salesiano fue flechado por indígenas no contactados Yukis, quienes actualmente están totalmente integrados a la “civilización” (visten poleras y pantaloncillos, sus flechas son ahora souvenires para la venta a turistas)por acción de misioneros norteamericanos de “Nuevas Tribus”.

Dos justicias encontradas

La matanza mutua en que están enfrascados parcialidades de la nación Huaorani, la más numerosadel Parque Yasuní, contra el grupo nómada y no contactado de los Taromenane, está poniendo enapuros a la justicia ordinaria del Estado ecuatoriano ya que la “confesión” reciente del indígenahuaorani Orengo Tocari de haber encabezado el último ataque mortal contra los taromenane enrepresalia por una emboscada acaecida en marzo, pone al Gobierno ecuatoriano en la disyuntivade penalizar las muertes enjuiciando a sus autores confesos o admitirlas como actos legítimos deuna guerra declarada en el territorio indígena amazónico, tal como sucedía en siglos pasados.

La polémica se centra en que, según los entendidos, no se puede aplicar la “visión occidental” alcaso. Esto, porque tienen su propia cosmovisión, respetada en la Constitución.

El artículo 57 señala: “El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de susderechos” y, si se llegaran a violar los derechos, eso constituiría un delito de etnocidio.

Sin embargo, para el asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), César Duque, el problema radica en que el Estado no ha creado una normativa que permita la aplicación de las garantías en ese marco de autonomía indígena.

La mano negra del capital depredador

Lo preocupante de los enfrentamientos entre los indígenas del Parque Yasuní del Ecuador es que losmismos se estarían originando en intereses creados por empresas mineras y petroleras que intentanestablecerse en esos territorios.

La guerra interétnica entre huaoranis y taromenanes estalló literalmente en el año 2003, cuando unaincursión presuntamente realizada por huaoranis contra un asentamiento taromenane provocó la muerte de 23 mujeres y niños.

El 10 de marzo del 2009, supuestos taromenane asesinaron a lanzazos a una campesina y sus dos hijos en un paraje de Orellana. La violencia volvió en este año 2013, también en marzo.

La Iglesia Católica ecuatoriana denunció que, “los nuevos proyectos de producción minera y petrolera” en la Amazonía ecuatoriana son los causantes de las “recientes y trágicas muertes en las comunidadeshuaorani y taromenane” y agregó que “no estamos siendo capaces de defender la vida de los pueblos no contactados”.

Los huaorani estarían siendo armados con rifles y escopetas, además premiados con utensilios y herramientas, por parte de empresarios madereros, para exterminar a los taromanene no contactadosque defienden aguerridamente sus bosques codiciados por el capital privado.

Actualmente existen varias empresas petroleras que realizan operaciones de prospección y exploración introduciendo maquinaria pesada en el bosque habitado por estas comunidades originarias:

• La empresa Petrobel opera en el campo Tiwino y ha provocado derrames de petróleo.
• La compañía Perenco construyó una nueva carretera, esta perforando nuevos pozos y explotando petróleo en la comunidades sin informar a las organizaciones indígenas sobre sus actividades.
• Repsol YPF utiliza la carretera que construyó la empresa Maxus dentro del Parque Nacional Yasuní y está explotando petróleo desde hace diez años.
• La empresa brasileña Petrobras quiere reiniciar los trabajos de explotación de petróleo en esteterritorio.

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 http://www.soldepando.com/se-desata-el-exterminio-de-los-ultimos-pueblos-no-contactados-de-la-amazonia-ecuatoriana/

No es posible referirnos ahora a los múltiples episodios de la guerra contra los pijaos, en la cual participaron decenas de capitanes españoles con varia fortuna. Baste recordar que la Real Audiencia de Santafé declaró esclavos a los pijaos por auto del 22 de noviembre de 1602; que fray Pedro Simón enumera 48 comisiones punitivas, que se sucedieron a lo largo de dos decenios; que de 120.000 indios que eran a mediados del siglo XVI según Ordóñez de Ceballos, a comienzos del siglo XVII ya no quedaban sino unos pocos millares; y que el General don Juan de Borja en 1606 organizó a todo el ejército español del Nuevo Reino e hizo marchar a encomenderos y gobernadores, y marchó él mismo sobre la Meseta del Chaparral, donde su principal lugarteniente, el Gobernador de los fieros indios muzos y colimas, don Domingo de Erazo, ya había construído una fortaleza que llamó de San Lorenzo. Uno de los destacamentos que fueron despachados, desde ese fuerte, en distintas direcciones, el que iba al mando delGobernador Diego de Ospina, fue a parar en los nacimientos del río Tetuán y allí cerca estableció su cuartel, cuando ya había tenido varios encuentros con los pijaos.El capitán general de los pijaos en ese momento era el Cacique Calarcá. Él y sus tropas hicieron prodigios de valor, pero al final todos hubieron de sucumbir.

En una acción temeraria y suicida que Calarcá dirigió en asocio de los Caciques Cocurga y Coyara y con la colaboración de una india llamada Anica, Calarcá y Coyara llegaron hasta el lecho donde el Gobernador Ospina yacía enfermo, y cuando ya contaban con el triunfo y con la captura del funcionario, a éste “lo socorrió el cielo con la entrada de su negro esclavo Juan Bioho”, pues mientras Calarcá y Coyara se distraían con el negro, el Gobernador cebó la pistola “y le dio a Calarcá en los pechos” con cuatro balas engrasadas con tocino como las acostumbraba por causar heridas de muerte, y Calarcá hubo de salir a gatas, ayudado por Coyara, y a los cinco días falleció.

La anterior parece ser la verdad histórica sobre la forma y las circunstancias en que murió aquel famoso líder pijao, pues son contadas por un testigo de excepción de los hechos: fray Pedro Simón, que estaba en esa ocasión con don Juan de Borja en el fuerte de San Lorenzo, y cuyo relato permite hasta determinar el día de la muerte deCalarcá: un miércoles, treinta días después del domingo de Resurrección del Señor, del año de 1607.

Pero como en esa campaña participaron también, como aliados de los españoles contra los pijaos, los indios coyaimas y natagaimas, y como a éstos los comandaba un valiente indio tuamo al que los españoles llamaban don Baltasar, y como en una ocasión anterior don Baltasar había peleado con Calarcá “valerosísimamente con una lanza que traía de treinta palmos”, y como los españoles triunfantes se deshicieron en alabanzas de sus aliados, y como a los historiadores nuevos, por criollos, interesaba relievar la colaboración terrígena en la conquista, fray Alonso de Zamora recogió una leyenda, que después la repitió don José Manuel Groot y que ha corrido como verdad histórica, según la cual Calarcá murió en un combate que tuvo con don Baltasar: éste –dice Zamora- “atravesó con la lanza a Calarcá, el cual se fue entrando por ella hasta llegar a brazos con don Baltasar, que apretándolo entre los suyos, ahogó a este valeroso general de los pijaos y dio la victoria a don Juan de Borja”. Y don Juan de Borja se fue poco después a Ibagué, y sobre el arco toral de la iglesia de esa ciudad hizo entronizar la lanza de don Baltasar con otros despojos. Y Groot añade que allí estuvo el arma hasta el terremoto de 1826, cuando se cayó, y transcribe algunos de los versos con los que chaparralunos de los años ochocientos hacían burla de los ibaguereños de entonces, conocidos como el Devocionario de Ibagué, y que terminan con un estribillo famoso, en el cual los ibaguereños dizque exclaman: “¡Lanza no caigas al suelo porque vuelven los pijaos!”
( 1)
“Esta es la lanza que fue
del señor don Baltasar,
que por ser tan singular,
la adora todo Ibagué.”Y seguidamente vienen las “cantinelas”, la primera de las cuales dice:
“¡Oh Lanza a quien Baltasar
manejó con gran destreza,
y se puso por grandeza
en la iglesia del lugar,
para así recompensar
tus méritos señalados!
¡Lanza no caigas al suelo
porque vuelven los pijaos!”
(2)
Relato del campesino Camilo de los milagrosPeñas Blancas y el tesoro del Cacique Calarcá.De niño mi abuelo me contó la historia de las Peñas Blancas y el tesoro del Cacique Calarcá.El jefe indio, guerrero indomable e implacable, escondió todo su tesoro en las profundidades de la montaña, por cavernas impenetrables y malditas, para que los españoles nunca lo encontraran.

El cuento corrió como corren todos los cuentos de tesoros escondidos y generación tras generación no han faltado valientes ni aventureros que se avengan a penetrar en las profundidades de las Peñas Blancas – unas empinadas formaciones rocosas de la cordillera central cerca de Calarcá, Quindío – tratando de encontrar el fabuloso tesoro entre el cual se dice había indios de oro en tamaño natural.Nadie lo había encontrado que se sepa, pero si eran célebres las anécdotas de desafortunados que escalaban la roca y se despeñaban o de aventureros que penetraban por las cavernas y no regresaban jamás. Como con todos los cuentos de tesoros, se llenó de misterio y leyenda.Lo sabido es que el cacique Calarcá fue un personaje real. Feroz y aguerrido, lideró la resistencia contra la invasión española en la zona. Luego los descendientes de los españoles bautizaron con su nombre, como homenaje, un próspero pueblecito a los bordes de la cordillera, que creció a la par de la exportación cafetera. También después el recuerdo del cacique rebelde sirvió para que algún grupo insurgente se autodenominara con su nombre en otra cordillera no muy lejana de esas tierras.Sin embargo, como somos descendientes de una estirpe de jugadores y aventureros, lo que más nos apasiona es la historia de su tesoro prohibido.

El padre de mi abuelo, un conservador católico, blanco y acomodado, vivió en una finca al frente de las Peñas Blancas. Mi abuelo (moreno, liberal y ateo) que creció en esa finca y luego la heredó con sus hermanos, contaba la historia del cacique mirando hacia las Peñas misteriosas y hablaba de no sé cual maldición que impediría por los siglos de los siglos que los blancos encontraran el tesoro. Decía que se habían internado en las profundidades de la roca incluso con tanques de oxígeno, decía que se encontraban con el fantasma del cacique, decía pues, como abuelo paisa que era, un montón de culebrerías para asustar a los niños.Mi abuelo murió hace 12 años. La finca sigue allí, las Peñas también; pero el tesoro ya tiene dueño. ¡Increíble! Lo encontraron unos colonizadores que ya no usan carabelas ni armaduras: una multinacional de la minería, la AngloGold Ashanti, halló por fin el tesoro del Cacique Calarcá, a escasos 40 minutos del pueblo que lleva su nombre pero en jurisdicción de otro municipio llamado Cajamarca.Sólo había un ligero error geográfico en la leyenda: no estaba enterrado en las Peñas Blancas sino algunos kilómetros más arriba, en pleno páramo, debajo de una loma empinada a los 3100 metros.

Se dice que está requetellena de oro por dentro, repleta. Aunque en la fase exploratoria la compañía no ha encontrado aun indios de oro al natural, asegura que hay mineral suficiente para hacer tribus enteras.Hablaron el año pasado de uno de los diez yacimientos de oro más grandes del mundo, y presos de esa enfermedad humana antiquísima, comenzaron por nominarlo: lo llamaron La Colosa. Tal vez porque en lugar de indios en oro habrá Colosos de los negocios y las finanzas, a cualquier otro lado del océano, que se forrarán y extasiarán con la peste del metal amarillo mientras convierten en piscinas de veneno y cianuro el páramo de romerales, de dónde sale parte del agua que se beben medio millón de habitantes de varias poblaciones a lado y lado de la cordillera.Oigan bien: Cianuro, ese veneno tan romántico con el que se suicidan tantos enamorados.Un amigo estudiante que visitó el área hace unos días la describió como dos grandes fincas ganaderas de montaña, dominadas por un filo enorme debajo del cual está el yacimiento. “la compañía evita hablar del cianuro” dijo “no sabemos entonces como va a separar el mineral”. No sabemos, lo cierto es que no va a ser con bateas.El oro no sale sólo. Menos cuando se trata de salir del país hacia las arcas del capital extranjero. Hay que sacarlo. Quiero decir sacarlo de la tierra con maquinarias, obreros, mercurios o cianuros; y sacarlo bien custodiado del país – robarlo – como hace la voraz máquina de ganancias hace siglos.Esta vez para sacarlo necesitaron de la aprobación de un nuevo código minero, de la militarización total de la zona, del exterminio de los últimos guerrilleros que quedaban en ese nudo montañoso – descendientes de “chispas” y Efraín González – y de insolentes concesiones que nada tienen para envidiarle a esas encomiendas coloniales por medio de las cuales se entregaban tierras, aguas, bosques y gentes en propiedad absoluta a los conquistadores.En otros lugares han necesitado el desalojo completo de comunidades indígenas o negras, de la aniquilación de mineros artesanales, o incluso de la remoción de pueblos enteros, como harán con Marmato en Caldas, un pueblo que está encima de otra montaña de oro.Tampoco, generalmente, el oro se va sólo. Se lleva consigo la vida y felicidad de muchísima gente que tiene la desgracia de vivir en la zona y la época dónde se extrae. El oro condenó nuestro continente y nuestros pueblos al atraso, a la dominación. Condenó un color de piel a la esclavitud y la exclusión. Condenó los indios a desaparecer.

El oro, el vil metal.Así que vamos con cautela, amigos míos, lectores y detractores, porque mi abuelo era un hombre sabio y cuidaba bien sus palabras: ese tesoro está maldito, como lo está el vil metal que convierte al probo en asesino y embellece la vanidad y la codicia. La causa de la pobreza y la miseria en nuestros países no es la falta de recursos, sino precisamente su abundancia, así como el principio de la tragedia de Irak es su petróleo y la perdición de África comienza con sus riquezas, de las cuales la primera fue su gente.Faltará entonces que vuelva un cacique rebelde a rugir desde las Peñas Blancas o desde cualquier otra cordillera, para echar de una vez a todos los conquistadores, pero sobre todo para desterrar un sistema social que se alimenta devorando la vida humana y la naturaleza.Mi abuelo en su tumba se sentirá feliz de que alguien lea sus cuentos. Pero se asustará si se entera que encontraron por fin el tesoro del Cacique Calarcá. Esa población que ahora ostenta su nombre, llevará quién sabe cuánto tiempo más, el lastre de su maldición.

/Fuentes: (1)Enrique Ortega Ricaurte transcribió, en la recopilación de documentos sobre Ibagué que publicó bajo el título “San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas”, las 19 “cantinelas” que constituyen el “Devocionario”, bajo los siguientes versos a manera de epígrafe, que supuestamente estaban grabados en la catedral de Ibagué: (2) Camilo De Los Milagros/ Academias de Historia de Ibague- Tolima/ (Leovigildo Bernal Andrade-Bogotá, 1989.-EDUCAR CULTURAL en “Colombia, ¡qué linda eres!”, Bogotá, 1990).

La imagen de cientos de personas expulsadas de los campos colombianos, huyendo de la violencia con lo poco que pudieron llevar consigo y tocando a las puertas de las moles de cemento de las ciudades, no es un asunto del pasado ni una estadística del archivo del antiguo de Acción Social. Los desplazamientos masivos aumentaron en Colombia durante 2012, siendo Cauca, Nariño y Putumayo las regiones que más expulsan personas con violencia. (Lea el informe completo aquí)

La advertencia la hace el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-  en su más reciente informe que concluyó que la situación humanitaria y la violencia urbana siguen siendo alarmantes. “Con todo, la cruel paradoja que afronta Colombia es la certeza de que un acuerdo de paz exitoso que ponga fin al conflicto armado que comenzó en los años 60 -hecho que sin lugar a dudas sería un logro histórico- no significará el fin inmediato de la violencia en el país”, señala Jordi Raich, jefe de la delegación del Comité Internacional en Colombia.

A partir del trabajo humanitario realizado en 25 zonas en varios departamentos y de los relatos de decenas de víctimas, el organismo considera que las bandas criminales han sido de los actores armados que han prolongado la violencia armada en campos y ciudades. Con las amenazas, asesinatos, desplazamientos y desapariciones, la emergencia humanitaria se ha concentrado en zonas rurales de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, siendo Medellín (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) a su vez las ciudades con más violencia urbana.

Los flagelos
El informe señala que Colombia tiene de los más altos índices de desplazamiento del mundo, con casi 4 millones de personas en esta situación desde 1997 según datos oficiales. Durante 2012, el organismo humanitario atendió 43 desplazamientos que afectaron a 16 mil personas.

Estas expulsiones en masa ocurrieron principalmente en el municipio de Ricaurte (Nariño,) así como en Argelia, Morales, Toribío, Miranda y Caloto (Cauca). Por su parte, “los municipios con más desplazamientos  individuales fueron Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y Argelia (Cauca)”, señala el documento.

Argelia es un ejemplo en donde se registraron tanto desplazamientos individuales como colectivos. El Comité Internacional de la Cruz Roja le puso la lupa a la zona de El Mango, donde las autoridades locales contabilizaron durante el año pasado al menos 80 acciones relacionadas con el conflicto armado. Y como consecuencia del mismo por lo menos 1.500 personas que vivían en este pueblo, ubicado a seis horas de Popayán, huyeron a sitios de albergue en veredas vecinas tras los constantes ataques y la destrucción de sus viviendas.

Según el documento, gran parte de estos desplazamientos han sido motivados por las amenazas y asesinatos contra civiles ocurridos en medio de ataques o del fuego cruzado entre actores armados. “Las muertes y amenazas, empleadas como métodos para atemorizar a la población, tuvieron otras consecuencias humanitarias como el desplazamiento…”, indica el informe.

La Cruz Roja también asegura que la desaparición sigue siendo otro flagelo que no ha disminuido. Los datos oficiales reportan 78 mil casos de personas desaparecidas ante Medicina Legal. “Apenas 18 mil de estos casos se resolvieron al encontrar a la persona viva o muerta. Tan solo en 2012 se registraron más de 7 mil 500 hechos, de los cuales alrededor de 4.300 siguen sin respuesta”, dice el documento.

El Comité indica que durante 2013 documentó 161 nuevos casos de desaparición -53 ocurridos en 2012-, y recuperó los restos 13 personas.

Otros delitos que preocupan al organismo humanitario son la violencia sexual, el reclutamiento de menores, los ataques a los bienes civiles, la contaminación con explosivos o armas en territorios poblados o de tránsito de civiles, las infracciones contra las misiones médicas, la deficiencia en servicios básicos en las comunidades rurales y la situación de las personas privadas de la libertad.

Aunque el informe aclara que sus datos corresponden a casos atendidos en el país por la misión humanitaria, basan sus alertas en los equipos regionales que cada día atienden víctimas y realizan trabajo de campo en las zonas más aisladas del país.

“Afectada por las consecuencias directas del conflicto y la violencia armada, la “otra Colombia” -a la que hicimos referencia en nuestro informe anual 2011- continúa lejana y olvidada, y sus necesidades humanitarias apenas reciben respuesta. Estas comunidades, sin acceso a servicios básicos como los de educación, salud, transporte o agua potable, sufren los efectos directos e indirectos de la violencia”, señala el informe que para 2012, concluye que las víctimas siguen sufriendo diversas formas de violencia.